En otros países ya ocurre, y además desde hace mucho tiempo. En Holanda, el Gobierno paga 23 céntimos por kilómetro a los que van a trabajar en bicicleta. En Francia existe un sistema distinto, no basado en el kilometraje, que puede suponer hasta 800 euros anuales para quienes se desplacen en bici al trabajo.
Son medidas para potenciar el uso de la bicicleta en los desplazamientos urbanos y reducir el uso de vehículos motorizados y contaminantes. Una estrategia impulsada por el Estado que está teniendo excelentes resultados. En París, el número de ciclistas ha aumentado un 62% en solo dos años, mientras que en Ámsterdam, una de las capitales del ciclismo urbano, hay más bicicletas (900.000) que habitantes (882.000)
Sin embargo, en España la estrategia para impulsar la movilidad sostenible en bicicleta se queda de momento en solo eso, estrategia. No hay fechas previstas para implementar acciones similares a las de nuestros vecinos europeos, aunque sí intención de hacerlo. Según se deduce de los documentos elaborados por el Ministerio de Transportes y de lo publicado en El Periódico de España, el Gobierno estudia modificar la normativa fiscal para que las bicis obtengan las mismas ayudas que los coches de empresa.
Así se indica en la ‘Estrategia estatal por la bicicleta’, que pretende fomentar e incentivar el uso de este medio de transporte, al considerarlo "ideal" para la salud humana y el medio ambiente. Entre las posibilidades futuras, la de que las empresas paguen un dinero extra a los empleados que acudan en bici al trabajo, como ya se hace en algunos países europeos.
En concreto, el objetivo de este bloque es facilitar medidas que permitan el uso o la adquisición de una bicicleta por motivos de desplazamiento al lugar de trabajo. En este sentido, cabe mencionar que el concepto de retribución en especie, o pago que reciben algunos empleados por los servicios prestados en forma de bienes o servicios, distintas de los sueldos y salarios en metálico que puedan formar parte de una retribución global, no recoge entre sus supuestos el uso de la bicicleta.
Pero este concepto retributivo sí que recoge ayudas para el transporte público o incluso para gastos de combustible por usar el vehículo privado. Según se puede leer en la Estrategia de la Bicicleta, este concepto se podría ampliar para recoger el uso de bicicletas para ir al trabajo, o su mantenimiento si se asocia a estos motivos.
Igualmente –indica el citado documento- se puede trabajar en impulsar que las empresas den facilidades en el pago o financiación de este modo de transporte. La facilitación de la compra podría lograrse mediante desgravaciones fiscales o por acuerdos entre empresas, productores/distribuidores de bicicletas y entidades financieras de diversa índole.
Para impulsar el uso de la bici en los desplazamientos del trabajo, el Gobierno está estudiando la viabilidad de modificar la normativa fiscal para incluir la movilidad en bicicleta para desplazarse al trabajo en lo referente a las rentas en especie.
De momento se queda solo en eso, un estudio. Parece poco teniendo en cuenta que ya existen programas con incentivos para ir en bici al trabajo en países como Bélgica, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, además de los ya citados en Francia y Holanda.
Con todo, es un primer paso para ir avanzando en la movilidad sostenible, una de las prioridades de la Unión Europea y de la población occidental en su objetivo por alcanzar la neutralidad climática en el año 2050.