Los gigantes de Internet deben limitar el contenido ilegal y la desinformación

La Ley de Servicios Digitales, que busca un entorno en línea más seguro y responsable, se aplica desde ahora a las 19 plataformas y motores de búsqueda con más de 45 millones de usuarios en la UE.

Anahí Di Santo.

Periodista.

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La ley busca proteger los derechos de los usuarios en línea.
La ley busca proteger los derechos de los usuarios en línea.

Fue sancionada en abril de 2022, pero es legalmente aplicable desde hoy. La normativa aprobada por el Parlamento Europeo impone nuevas exigencias a las plataformas y a las empresas que operan en Internet, en relación a la responsabilidad del contenido que publican. Su objetivo es reducir la desinformación, la violencia digital, como las amenazas y el ciberacoso, proteger a las infancias y multar su incumplimiento con cifras millonarias.

La Ley de Servicios Digitales, DSA por sus siglas en inglés, “da efecto práctico a la noción que dice que lo que es ilegal fuera de Internet, debería serlo también en Internet, y que a cuanto mayor sea el tamaño, mayores serán las responsabilidades de las plataformas”, había resumido entonces Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Google, Meta y sus plataformas Facebook e Instagram, X –antes Twitter– o TikTok, son algunas de las 19 compañías y motores de búsqueda con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea que deberán cumplir con las disposiciones más estrictas de la normativa, que obliga a tomar medidas contra contenidos ilegales difundidos en Internet y a poner coto a la desinformación online.

Si bien tiene foco en los gigantes, la DSA se aplica a todos los servicios digitales que conectan a los consumidores con bienes, servicios o contenidos. Introduce una robusta protección de los derechos de los usuarios en línea y establece un mecanismo de apelación a decisiones de moderación de contenido “que pueda entender hasta un niño”.

La ley introduce, además, el concepto de “responsabilidad algorítmica” por el que “la Comisión Europea, así como los estados miembros, tendrán acceso a los algoritmos de las grandes plataformas online”, obligadas a partir de ahora a eliminar los “productos, servicios o contenidos ilegales rápidamente después de que se hayan denunciado”, reporta EuropaPress.

Asimismo, la DSA introduce nuevos requisitos de transparencia en lo que se refiere a los parámetros de sistemas de recomendación de contenidos que emplean las plataformas digitales y presentan a sus usuarios el contenido que consideran relevante para sus intereses. Por ello, las grandes plataformas de contenido “tendrán que ofrecer a los usuarios un sistema de recomendación que no se base en su perfil”.

El 17 de febrero de 2024 será la fecha límite para que los Estados miembro nombren a sus coordinadores de servicios digitales y también será el plazo que tienen las plataformas con menos de 45 millones de usuarios activos para adaptarse a la normativa de la DSA.

Las multas en caso de incumplimiento de estas normas podrán ser de hasta el 6% de la facturación mundial de las empresas, e incluso la prohibición de operar en el mercado único de la UE en caso de reiteradas infracciones graves.

Las 19 “Big Tech”

Los gigantes afectados por la normativa que se aplica desde hoy son, concretamente, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Youtube y el buscador Google, LinkedIn, Bing, Facebook, Instagram, Amazon MarketPlace, Apple App Store, Pinterest, Snapchat, X (Twitter), Wikipedia, Alibaba Aliexpress, Booking, Zalando y TikTok.

Las reacciones desde las empresas son dispares. Fuentes comunitarias han apuntado que TikTok ha presentado un nuevo algoritmo que no se basa en los perfiles de los usuarios y un archivo publicitario “completamente nuevo”.

En el caso de X (antes Twitter), que están atravesando un gran proceso de transformación, las mismas fuentes han asegurado que el propio Elon Musk “leyó la DSA y le gustó” aunque, en junio, cuando una delegación de Bruselas visitó la sede de la plataforma, “ni de lejos estaban preparados para cumplir la normativa” aunque se han mostrado “receptivos”.

Por su parte, Amazon o Zalando, han presentado recursos ante el Tribunal de General de la UE apelando la decisión de la Comisión, ya que consideran que no se ajustan a la definición “gigantes” y buscan evitar que se les aplique la normativa de la nueva ley.