Son días tristes para los trabajadores de Instituciones Penitenciarias. El pasado miércoles, su compañera Nuria murió apuñalada por un interno en la prisión de Mas d’Enric, en Tarragona. Es el primer asesinato de un trabajador dentro de un centro penitenciario desde la instauración de la democracia. La víctima se encontraba trabajando en el departamento de cocina cuando un recluso destinado en esas dependencias le asestó varias puñaladas. A continuación, el agresor se quitó la vida. Los sindicatos de prisiones se han concentrado en los 81 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El año pasado se contabilizaron oficialmente 508 agresiones a funcionarios de Prisiones, el récord desde que hay estadísticas.
Pregunta: ¿El centro penitenciario de Mas d’Enric es conflictivo?
Respuesta: No especialmente, podría haber ocurrido en cualquier prisión del Estado, porque es el denominador común en todas las prisiones. En los últimos años hemos detectado una escalada de violencia y conflictividad. Aunque contamos con menos población reclusa que hace 15 años, las agresiones a trabajadores son más, y también entre internos. Llevamos tiempo denunciando la progresión en escalera de la violencia, que además se intensifica en gravedad. Ahora hemos experimentado lo más grave que puede ocurrir: que nuestra compañera haya perdido la vida.
P. ¿Cuál es la situación de la asistencia psiquiátrica a los internos?
R. La ley marca muy específicamente que la función de la prisión es la reeducación y la reinserción. Y la ley también indica muy claramente que se debe hacer un estudio individualizado de cada interno para establecer el mejor tratamiento que se adapte a su perfil concreto. Y para eso hace falta un equipo multidisciplinar en el que evidentemente haya esa atención psiquiátrica y médica del interno. Cataluña en concreto tiene las competencias transferidas, tanto las de Prisiones como las de la sanidad penitenciaria. Precisamente la sanidad penitenciaria es uno de los grandes ‘debes’ de la institución. Apenas tenemos médicos y la detección temprana de un problema psiquiátrico puede prevenir que se produzcan incidentes. Conviene analizar si se están aplicando políticas generalistas cuando la ley señala cómo se debe actuar para dar el mejor tratamiento a cada interno. No podemos tener trabajando en un taller penitenciario como el de cocina, donde hay acceso a objetos potencialmente peligrosos, a presos que no reúnan el perfil adecuado. Hacen falta medios humanos y materiales. Se ha pasado una línea: una compañera que salió de su casa para ir a su puesto de trabajo no ha vuelto a su hogar.
"La Administración Penitenciaria de Cataluña tiene transferidas las competencias. En el ámbito de esta comunidad están rotos todos los puentes de negociaciones".
P. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión con Instituciones Penitenciarias?
R. Para hoy -por ayer jueves- tenemos convocadas una serie de concentraciones en memoria de nuestra compañera fallecida en todos los centros. Cabe distinguir que la Administración Penitenciaria de Cataluña tiene transferidas las competencias. En el ámbito de esta comunidad están rotos todos los puentes de negociaciones. Y en cualquier caso, corresponde a su administración dar los pasos previos para retomar el diálogo. Porque ya el año pasado hubo un encierro por parte de las organizaciones sindicales reivindicando una serie de cambios. En el resto del Estado y en Cataluña creemos que se precisa articular un nuevo protocolo en prevención de las agresiones. Sería importante que el interno tuviera conciencia de que sus acciones pueden tener una repercusión penal.
P. ¿Qué cambiaría si fuerais considerados agentes de la autoridad?
Algo tan elemental, tan básico y tan de sentido común como debería ser que los trabajadores penitenciarios fuéramos agentes de la autoridad no parece interesar a la comunidad política. No se termina de asumir este compromiso con los trabajadores penitenciarios de dotarles de esta condición, que al final otorga seguridad jurídica, aunque no elimina el riesgo. Al menos ayudaría a minimizar los peligros porque podría servir para que el interno tenga una visión coactiva de lo que puede suponer la agresión a un trabajador penitenciario y disuadirle. Ojalá que esta muerte sea un punto de inflexión, que se inicie una desescalada; lo que nos genera rabia es que ese punto de inflexión tenga un nombre.
P. ¿Junto a esta consideración de agente de la autoridad, se debería reconocer también la peligrosidad de vuestro trabajo?
R. La peligrosidad de nuestro trabajo es más que evidente, estamos trabajando en un entorno donde nuestros administrados son personas que han demostrado que no pueden vivir en una sociedad normalizada y hay que intentar trabajar con ellos para devolverles a esa sociedad que les ha apartado por haber cometido un delito, y reintegrarles de una manera que sean útiles y que no vuelvan a delinquir. Esa es nuestra misión. Somos plenamente conscientes de dónde entramos a trabajar y de cuál es el ámbito en el que nos desenvolvemos. También somos plenamente conscientes de que hay un porcentaje muy alto de internos, un 80 o 85% que no dan prácticamente problemas. El 90% de nuestros problemas lo ocasionan el 15% de los internos. Por eso insistimos mucho en que es necesario olvidarnos de las estadísticas y trabajar con la realidad, es decir, este maquillaje de números, de cifras, de no tener internos en primer grado, de que todos los internos pueden participar en según qué actividades, olvidémonos de eso porque no es verdad. Hay un porcentaje de internos con los que hay que tener otro tipo de tratamiento, la propia ley lo marca, individualización científica. Además se deben tener en cuenta las características de los propios centros. No es lo mismo trabajar en Estremera que en Alicante, que en Teixeiro o El Puerto. Son centros penitenciarios totalmente diferentes y que requieren protocolos y actuaciones distintos.
P. Las cifras de agresiones del año pasado fueron brutales.
R. Las cifras son escandalosas, sobre todo si además sumamos que los datos no reconocen la realidad porque solo incluyen agresiones que hayan derivado en una atención médica o agresiones que se hayan llegado a consumar. Es decir, si el funcionario es lo suficientemente diligente en ese momento concreto como para evitar que la agresión se produzca, no se contabiliza, ni las amenazas, ni los insultos. Aunque tenemos 508 agresiones oficiales reconocidas, son muchísimas más las que se producen en los centros penitenciarios, y además son más graves. Hace un tiempo, prácticamente le cortaron el cuello a un jefe de servicio en Cuenca. Salvó su vida por milímetros. Nuestra compañera Nuria no ha tenido esa suerte.
P. ¿En las agresiones influye el hacinamiento de algunas prisiones?
R. Por supuesto que influye la situación en la que se vive en los centros, aunque en número tengamos, probablemente, la población reclusa más baja de los últimos 15-20 años. En los dos últimos años ha habido un pequeño repunte. Los datos falsean un poco la realidad. Cierto, hay menos internos, pero también muchos centros tienen módulos cerrados por falta de personal. Al final, en los módulos de las prisiones tipo donde debería haber 72 internos nos encontramos hasta 120 o 130. Esto evidentemente complica mucho todo el trabajo, tanto de vigilancia, como de tratamiento, el médico y la convivencia entre los internos. En los últimos años hemos observado el aumento de conflictos entre presos. Ese aire enrarecido no ayuda a que haya una convivencia ordenada y que facilite que una persona que haya ingresado en prisión cuando salga lo haga en mejores condiciones.
P. ¿Falta personal en las prisiones españolas?
R. Oficialmente tenemos un déficit de personal superior a los 3.000 funcionarios. Eso como dato oficial, porque nosotros insistimos en que hay que realizar un estudio de las necesidades reales de los centros penitenciarios. La relación de puestos de trabajo, el número de trabajadores que hay por centro está condicionado por una serie de parámetros diseñados hace muchos años con una población reclusa determinada que ha cambiado radicalmente. Ahora tenemos mucho preso extranjero, muchas culturas distintas dentro de prisión con idiomas distintos. El trabajo que antes podíamos realizar un número de funcionarios ahora requiere un número mayor. Tenemos, por ejemplo, la ratio de educadores por interno: por cada cien presos hay un educador. Con las características y los perfiles de los internos actualmente habría que variar considerablemente esa ratio porque con estas cifras no se puede realizar la individualización en el tratamiento. La muerte de Nuria por desgracia ha puesto el foco en que el trabajador penitenciario prácticamente actúa solo en todas sus funciones y quizás debería replantearse que dado el perfil de internos con el que trabajamos, la mayoría de los puestos tendrían que estará duplicados.