El apagón eléctrico masivo que afectó a gran parte de España el lunes 28 de abril tuvo un impacto significativo en las telecomunicaciones, dejándonos sin luz y sin capacidad de comunicación durante varias horas. Este evento reveló la alta dependencia de nuestras infraestructuras tecnológicas de la red eléctrica y expuso vulnerabilidades críticas en la resiliencia de los servicios esenciales.
El apagón comenzó alrededor de las 12:33 horas, cuando se interrumpió el 60% del suministro eléctrico en España en solo cinco segundos. Aunque los sistemas de emergencia, como hospitales, servicios de radiodifusión, Centrales Receptoras de Alarma (incluido incendios-vital), contaban con generadores autónomos, las antenas de telefonía móvil y las infraestructuras de red fija no disponían de respaldo suficiente para mantener el servicio durante un corte prolongado. Las baterías de respaldo de las antenas móviles duraron entre una y tres horas, pero la saturación de llamadas e internet redujo aún más su autonomía, provocando una desconexión casi total hacia las 17:00 horas.
En España, las estaciones base de móviles y nodos de red fija suelen tener este tipo de baterías que permiten seguir operando durante entre 2 y 4 horas tras un corte eléctrico. Si el apagón se alarga, y no hay generadores, esas estaciones dejan de funcionar, afectando tanto a llamadas como a datos.
También hay diferencias en función de sus diferentes niveles de respaldo. Algunos operadores (Movistar, Vodafone, MásOrange) tienen más infraestructura de respaldo que otros, como los operadores móviles virtuales, y por eso es común que unas redes funcionen parcialmente y otras no durante apagones prolongados.
Las consecuencias inmediatas de esta situación van desde la caída de llamadas y datos móviles en toda la península, a la interrupción de servicios de mensajería como WhatsApp, la parálisis de pagos electrónicos y retiros de efectivo, o la suspensión de servicios de emergencia en algunas regiones como Baleares, que activaron el Plan Territorial de Emergencias.
El problema de los robos de baterías y de cableado
A lo hasta aqui explicado habría que añadir un factor de cuya influencia poco se ha hablado en el caso del apagón de las comunicaciones, y que sin embargo está trayendo en jaque a los operadores de nuestro país, quienes coinciden en que en un determinado momento dicho factor también podrían acabar “silenciando” a las comunicaciones de nuestro país. Se trata de los robos en torres de telecomunicaciones.
Los robos en torres de comunicación y cableado de cobre han experimentado un notable aumento en España, especialmente en 2024, lo que afecta gravemente a infraestructuras críticas como las redes ferroviarias y de telecomunicaciones.
En 2024, se registraron 4.433 robos de cableado de cobre y materiales conductores en España, lo que representa un incremento del 87% respecto a 2019. Las comunidades más afectadas fueron Castilla-La Mancha (799 casos), Andalucía (745) y la Comunidad de Madrid (678).
Los delincuentes suelen sustraer cables de cobre por su alto valor en el mercado de chatarra, baterías de respaldo (de plomo-ácido o litio), que pueden ser revendidas o reutilizadas, equipos electrónicos como radios, módulos de transmisión, y UPS y paneles solares o generadores, si la torre depende de energía alternativa.
“Reparan los martes y las vuelven a robar los sábados”
Las compañías operadoras están tan “aburridas” de estos robos de cobre o de baterías, y de su escasa respuesta jurídica, que a pesar de las consecuencias (interrupciones de servicio móvil o de internet, pérdidas económicas para las operadoras y riesgos para la seguridad pública, especialmente en emergencias donde se necesita comunicación) se producen situaciones de cada vez un mayor abandono a la hora de reponer energías de respaldo (“reparan los martes y nos las vuelven a robar los sábados”, nos comentan expertos del sector) e incluso lleva a los operarios a enterrar baterías de repuesto en agujeros cercanos a las torres para evitar su robo e ir y reponer en casos emergencias.
En el caso del robo de cobre y similares debería establecerse un Plan de Emergencia, porque en solo 10 días las caídas de las comunicaciones por el apagón y por el robo cable en red AVE han puesto en evidencia al Gobierno y en difícil equilibrio a la sociedad.
Y es que cuando el ministro Transporte achacó el parón de diez trenes al sabotaje (“ Se han sustraído unos 150 metros de cable en ambas vías, que puede tener un valor muy reducido. Apenas 300 euros. Así, el rédito económico que se puede obtener de la cantidad de cobre sustraído es mínimo frente al enorme daño que se ha causado. Se han causado fuertes estragos”, afirmó) debía de desconocer la metodología de trabajo de los ladrones, quienes suelen robar de pequeñas en pequeñas cantidades, -por si les atrapan el Juez ni siquiera atiende denuncias en robo inferiores a 300-400€- y luego un vehículo que va tras ellos se encarga de recoger todas estas partidas acumuladas.
Se trata de bandas muy organizadas, con origen en el Este de Europa, que manejan un mercado de casi 6.000 millones de euros, que se dedican a saquear infraestructuras básicas y no protegidas en España, y llevándolas a China (cobre) o estafando a la propia Unión Europea, ya que deshacen infraestructuras urbanísticas en distintos PAUs de España (principalmente) y envían estas a países del Este, en los que compran este material a bajo precio e instalan en proyectos financiados por los propios fondos europeos.
El apagón del pasado 28 de abril puso de manifiesto la necesidad urgente de reforzar la resiliencia de nuestras infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones. Pero los constantes robos sufridos en estas redes, y en las ferroviarias, forman parte de un mismo problema que sin una respuesta jurídica más firme quedará perpetuado.