Podríamos decir que todo empezó el 25 de julio de 2023, cuando el Grupo Securitas AB envió un comunicado a sus clientes que empezaba así: “Queremos comunicarles que el Grupo Securitas AB decidió vender su paquete accionario del negocio en Argentina a un fondo de inversión especialista en mercados emergentes. Securitas Argentina entra en el Programa Global de Securitas Certified Partners para dar continuidad del servicio a todos sus clientes globales, actuales y futuros”.
Y se agravó posteriormente, cuando en este pasado mes de abril, y según el diario La Nación, “Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones”.
La investigación venía desde febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban” sobre hechos ocurridos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho periodo, según explicaron fuentes judiciales.
En el Grupo todas estas investigaciones significan el reabrir una fosa que creían cerrada.
Securitas Latam siempre ha tenido gran dependencia orgánica de España, División Iberoamericana en la que se incluyen Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Portugal y España. Todos estos países sumaron más de 60.000 empleados.
Sin embargo, a partir de 2011 empezaron a darse una serie de descubrimientos y raras repercusiones internas que culminaron con la salida de sus máximos representantes.
Estas “fisuras” parece que se cerraron en falso, cuando ‘críticas internas’ afirmaban que el Grupo había optado por ‘callar voces’ y facilitar la salida de los disidentes y no de los denunciados.
2013 fue un año de mucho nerviosismo en las empresas de Seguridad, cuando la investigación del caso ESABE destapó el pago de comisiones a cambio de contratos públicos.
Nerviosismo parecido al que la denuncia del dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, sobre deudas e irregularidades de destacadas empresas de seguridad y de servicios de España sujetas en estos momentos a gravísimos expedientes con la Agencia Tributaria por cantidades infinitamente superiores a las que lo han sentado a él en el banquillo, que no han visto transformadas sus inspecciones en procedimientos penales.
En primavera 2023 entró en vigor la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Malversación de fondos, tráfico de influencias, soborno, fraude financiero o conflicto de intereses son los casos de corrupción más comunes dentro de las compañías de Seguridad.
El Grupo Securitas AB, en su división Latam, creía que había cerrado su crisis y ‘limpieza interna’ con el nombramiento de su actual CEO en España en 2014, Zacarias Erimias, quien anteriormente, entre 2011 y diciembre de 2013, había sido adjunto al entonces consejero delegado de la compañía, Luis Posadas (llevaba la dirección de España y Latam). Sin embargo, diez años después las grietas se vuelven a abrir.
